Universidad de Sonora: Restricción presupuestal sin eliminar privilegios de la alta burocracia

En respuesta a las justas demandas de incremento de salario y prestaciones para al personal académico, enarboladas por el STAUS, ante un deterioro del 40% del poder adquisitivo del salario desde 1990, la administración universitaria responde que “La Universidad de Sonora enfrenta restricciones presupuestales desde el cierre del año 2025.” (Clic aquí para ver oficio No. SGAD/4C.13-191/2026).

Estas restricciones presupuestales no parecieron importar hace menos de dos meses, cuando el Colegio Universitario aprobó un Ajuste al Anexo de Ejecución 2026 del Convenio de Financiamiento, en el cual se avalaron salarios y prestaciones para los altos funcionarios de la Universidad, por encima de lo establecido en el Anexo de Ejecución 2026 (documento firmado en enero de este año con la SEP y el Gobierno del Estado). La siguiente tabla muestra las diferencias en los salarios tabulares entre el Anexo de Ejecución 2026 y el Ajuste, para los primeros cuatro puestos de la alta burocracia universitaria.

No se trató de un aumento salarial, pero si de una aprobación que mantiene salarios y prestaciones superiores a los autorizados por la SEP y que hace muchos años se vienen ejerciendo de manera unilateral, es decir sin que se hayan determinado por medio de una negociación bilateral. ¿Qué pasaría si los salarios de los altos puestos del personal de confianza se pagaran con el tabulador firmado con la SEP? la Universidad se ahorraría al año una cantidad estimada de 22.5 millones de pesos. ¿Dónde está la restricción presupuestal?

Es interesante también comparar el salario integrado mensual de los mismos cuatro puestos (Ver la siguiente tabla con datos estimados según el salario tabular y las prestaciones que se otorgan). Llama la atención que el Secretario General Administrativo y el Secretario de Rectoría ganen más que la Rectora. También llama la atención la aportación patronal al ISSSTESON y al INFONAVIT por estos cuatro puestos, alrededor de 50 mil pesos al mes por cada uno. Al año la Universidad eroga cerca de 10 millones de pesos por estos cuatro puestos, sin incluir otras prestaciones y bonos que se auto otorgan.

Mención especial merece el Secretario de Rectoría, cuya diferencia salarial porcentual es del 132.3% respecto a lo que debería ganar, según documento firmado con la SEP. Es posible que la Universidad de Sonora sea la única universidad en México en la que el puesto de Secretario de Rectoría tenga el nivel de Secretario General (algo inventado por el exrector Heriberto Grijalva al margen de la ley orgánica anterior, así como la ley 169 que solo establece la Secretaría General Académica y la Secretaría General Administrativa) y que además gane más que el Rector o Rectora.

En contraste, la Universidad de Sonora cuenta con alrededor de 600 profesores/as de asignatura contratados por tiempo determinado (sin estabilidad laboral) que se encuentran en el nivel A (el nivel más bajo del tabulador del personal académico), y cuyo salario integrado promedio mensual es de 9,104.60 pesos, el cual es inferior al salario mínimo general mensual que es de 9,582.47 pesos. La gran mayoría de ellos/as no están afiliados al ISSSTESON, ni se cotiza al INFONAVIT por ellos/as, por tener un salario inferior al mínimo. El salario del Secretario de Rectoría representa 15.1 veces este salario promedio, en otras palabras, con lo que se le paga al Secretario de Rectoría alcanza para pagarle a 15 de estos profesores/as, de ese tamaño es la desigualdad en la Universidad de Sonora.

La Presidenta de México ha criticado, en múltiples ocasiones, estos privilegios de las burocracias universitarias, y ha hecho llamados a eliminarlos. Claro, esos llamados han sido desestimados, bajo el pretexto de la autonomía universitaria. De hecho, se comenta, que esa es la razón por la que no se autorizan mayores presupuestos a las universidades públicas; pareciera que mientras sigan los privilegios de estas burocracias, el gobierno federal no va a invertir mayores recursos en las universidades autónomas.

Caso contrario es el tema de las pensiones, en donde la Presidenta logró eliminar privilegios, al aprobarse una reforma constitucional (al artículo 127 de la Constitución) que limita las pensiones a un máximo de 70 mil pesos, no más de la mitad del salario de la Presidenta.

¿Qué pasaría si se aplica el mismo tope a las pensiones del ISSSTESON? De entrada, se tendría que reducir la pensión de la exrectora, la cual es más del doble (alrededor de 150 mil pesos mensuales), también las pensiones de otros exrectores y exfuncionarios universitarios. Con ello mejorarían las finanzas del Instituto y seguramente los servicios de salud que proporciona. Por otra parte, en la Universidad la alta burocracia vería mermado su proyecto de jubilarse con sus altos salarios, sería un paso en la lucha por eliminar sus privilegios.

La Universidad siendo pública, debe avanzar no solo en eliminar los privilegios, sino también en eliminar la precariedad y marginación de una parte importante de la comunidad universitaria. Falta, pero la lucha ya comenzó y va a seguir.