Dr. Juan Antonio López Olivarria
Tal y como en otras ocasiones he mencionado, el derecho de acceso a la información no es un derecho más. Debemos considerarlo como la llave que nos abre la puerta que conduce al ejercicio de otros derechos.
La revisión contractual STAUS-UNISON 2017 tuvo como característica especial que por primera vez en la historia de todas las negociaciones se puso sobre la mesa información financiera que la comunidad universitaria desconocía. Curiosamente los datos y cifras fueron aportados en la negociadora por la parte sindical, la información oficial fue proporcionada por la Secretaría de Educación Pública mediante su portal de transparencia.
Lo curioso del caso fue que la representación universitaria ante la mesa negociadora, al verse sorprendida por la evidencia de las cifras, se dedicó a descalificar y desacreditar la información proveniente del convenio de financiamiento, documento mediante el cual se le otorga el subsidio a la Institución. El convenio es sólo “indicativo”, un “formato viejo”, se atrevió a decir el Director de Planeación de la Universidad en un programa de radio. El directivo universitario duró 16 años sentado en la misma silla y no encontró otra justificación válida para defenderse; acudió a lo fácil, al desprestigio.
Que la autoridad universitaria haya negado en primera instancia los derechos laborales de los académicos y posteriormente descalificado las cifras y datos oficiales. No impidió el avance de la transparencia. Hoy la comunidad universitaria está consciente de que la Federación y el Estado entregan recursos a la Institución para el pago de algunas prestaciones como vivienda y ahorro para el retiro. También se sabe que la autoridad universitaria desvía los recursos y se niega a entregarlos. El conocimiento de esta información lo debemos al ejercicio que se hizo del derecho a la información, garantizado por el sexto Constitucional.
Conviene enumerar y repasar algunos aspectos importantes (o saldos, por llamarlos de alguna manera), que permanecieron en la conciencia de los universitarios una vez que la información proporcionada por la SEP fue analizada. Veamos:
Primero.- La Universidad mantiene vacantes aproximadamente 150 plazas de maestro de tiempo completo, se encuentran libres, o están contratadas en el sector del personal de confianza.
Segundo.- Recursos autorizados a Vivienda ejercicio 2017: $ 42,589,853.00
Tercero.- Recursos autorizados al S.A.R. ejercicio 2017: $ 21,294,926.00
Cuarto.- Los sueldos autorizados a la alta directiva universitaria corresponden a Zona cara (Zona III).
Quinto.- Los sueldos que cobra la alta burocracia universitaria están por encima de los autorizados por las Secretarias de Hacienda y Educación.
Sexto.- La Administración Universitaria manifiesta que el Gobierno del Estado no le entrega el total de los recursos acordados en el convenio de financiamiento.
Séptimo.- La contratación del personal de confianza creció desproporcionadamente en la administración de Heriberto Grijalva Monteverde, lo anterior en detrimento del sector académico.
En resumen, los datos y cifras señalados son el saldo que nos dejó el uso y manejo del acceso a la información. Que la saliente administración universitaria a cargo de Heriberto Grijalva Monteverde no los quiera reconocer ya es un problema particular de él. Seguramente la comunidad universitaria y la historia se encargarán de cobrárselo. Por cierto, el rector saliente nunca encontró el momento ni el tiempo para explicarnos por qué razón se adjudicó un sueldo muy superior al autorizado por la SHCP y la SEP. También nos dejó ese pendiente.
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